El plan andaluz para la Educación o la activación de las bases
Miercoles, 09 de septiembre 2026. EL IDEAL
Sin ser muy conscientes de que se acerca el otoño y, todavía más, de que se acaban las vacaciones, apuramos septiembre con sus últimos días de verano, y dejamos que la apertura de las aulas reconduzca las pilas recargadas en los días de playa, terrazas, limonadas y fuegos artificiales a los horarios y rutinas del nuevo ciclo académico y político que marca la actividad de país.
En Andalucía, el pacto alcanzado entre Vox y el Partido Popular, que permite repetir a Bonilla al frente de San Telmo, nos sorprendió entre olas de calor e incendios, después llegó el mundial, luego continuaron los incendios, unos desconectaron en julio, otros en agosto y los más afortunados prefirieron septiembre. Entre las colas en coche, los madrugones para encontrar un sitio en la playa y el eterno calor ¿Quiénes contaron con tiempo suficiente como para darle una vuelta al acuerdo?, 150 cláusulas a las que se comprometieron ambas formaciones que anuncian el futuro de esta comunidad.
Diez de las 150 cláusulas se centran en la Educación. Algunos de los objetivos que estas representan se ponen en marcha a lo largo de este curso y otros en el próximo. Este año, empezamos con la defensa del producto andaluz y español en los comedores públicos, la idea es “reconocer el trabajo del campo, la pesca y la ganadería de Andalucía y de España”, los motivos para apoyar los productos de temporada y cercanía no se basan en colaborar con la protección del medio ambiente, sino en “evitar que el dinero público acabe en manos de la competencia desleal”, claro que no se especifica cuál es dicha competencia, pero sí que esta medida supone varias licitaciones que, a estas alturas, serán una realidad. También podría despistarnos la cláusula relativa a la climatización de los centros educativos y llevarnos a pensar que la apuesta por las renovables tendría cabida en la agenda autonómica, ni por asomo, se trata de garantizar las condiciones de “confort térmico” del alumnado, favoreciendo su rendimiento académico al tiempo que se reduce el consumo energético. Pero, tampoco se explican ni medidas ni costes de las mismas.
Dos cláusulas más a implementar este curso: la exigencia al gobierno de una prueba de acceso a la universidad común para toda España y la orientación de la universidad hacia la excelencia, este último objetivo, según consta en el documento, empezaba a ponerse en marcha desde el primer día de legislatura. En cuanto a la prueba de acceso, los propios firmantes saben que esta cláusula no sirve sino como activación de sus bases, activas y potenciales, ya que, a parte del empobrecimiento del currículo y de los graves problemas de logística que conllevaría, la idea de un currículo único es inviable jurídicamente debido al reparto de competencias que fijan la Constitución, los Estatutos de Autonomía y el Tribunal Constitucional. Claro que si uno de los dos firmantes del documento no está a favor de las autonomías, pese a encontrarse en el gobierno de varias ellas, cualquier incongruencia es esperable.
Por último, la alineación de la universidad con la excelencia, una “transformación profunda del sistema”, en estrecha colaboración con el sector empresarial andaluz. Hasta ahí podemos contar, ni planes concretos, ni dotaciones económicas, nada de nada. Seguiremos.
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