La universidad pública garantiza la justicia social

«Me pregunto cuántos de los progenitores de esos jóvenes estudiantes apoyan las políticas de privatización y asfixia económica de la Junta de Andalucía para con la educación superior, mientras que sus hijos e hijas se forman en la Universidad Pública»

YOLANDA CRUZ LÓPEZ

Miercoles, 3 de junio 2026. EL IDEAL

La universidad pública es clave para garantizar la igualdad de oportunidades entre nuestros jóvenes y para preservar la justicia social: a la universidad pública accede quien estudia y obtiene las calificaciones precisas para cada una de las universidades y grados, y no solo quienes pertenecen a familias que pueden permitirse el lujo de matricular a su progenie en una universidad privada.

Hasta 2019, la única universidad privada  operativa en Andalucía era la Universidad Loyola Andalucía, de origen Jesuita. En los últimos 5 años de gobierno popular, el número de universidades privadas en la Comunidad Autónoma se ha multiplicado hasta llegar a 5, con la apertura de la CEU Fernando III de Sevilla y la Tecnológica Atlántico -Mediterráneo, UTAMED; la Universidad Europea de Andalucía y la Alfonso X El Sabio Mare Nostrum, con sede en Málaga.

Por su parte, la Universidad Católica de Murcia ya ha mostrado interés en instalarse aquí, y ya en su momento, algún medio de comunicación publicó que el ayuntamiento de Almería confirmaba la existencia de negociaciones activas a este respecto. Mientras, el pasado mes de enero, la Universidad de Almería tuvo que emitir dos resoluciones de urgencia, rubricadas por el rector Céspedes, en las que reconocía las deudas mantenidas con el Personal Docente e Investigador (PDI), y con el Personal Técnico de Gestión y Administración y Servicios (PTGAS). Estas resoluciones no implicaban el pago, pero sí reconocían la deuda para que los trabajadores no perdieran sus derechos, durante la espera de los fondos pertinentes a los que se comprometió la Junta en 2025.

Mientras en Escocia, Alemania, Chipre, Malta, Grecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y en la República Checa los estudios universitarios son gratuitos, aquí, no. Argumentos que lo justifiquen, los hay muy variados, entre ellos: que se tendrían que subir los impuestos, la “amenaza” más eficaz; que no todo el mundo puede ser universitario que luego das una patada a una piedra y te salen 50 abogadas o doctores y después nos falta mano de obra, es decir, técnicos de laboratorio, instaladoras, o expertos en fontanería, claro, debe ser que en los 13 países que he citado antes no hay necesidad de mano de obra cualificada. Seguimos recibiendo adoctrinamiento anti-impuestos que nos aleja abismalmente de la idea de que lo público, desde los servicios, hasta los transportes, pasando por la sanidad y el mobiliario urbano, es nuestro y somos todos. Y, sobre todo, se nos difumina el concepto de servidor público, de funcionario público, la catalogación de aquellos y aquellas que se dedican a la política, nuestros alcaldes, consejeras, ministros, concejales y presidentas, de aquellos y aquellas en quienes depositamos nuestra confianza para que gestionen el dinero que tributamos de manera que revierta en nuestro beneficio del mejor modo posible.

De los 14.500 estudiantes matriculados en el presente curso en la UAL, aproximadamente el 83% cuenta con residencia familiar en Almería, me pregunto cuántos de los progenitores de esos jóvenes estudiantes apoyan las políticas de privatización y asfixia económica de la Junta de Andalucía para con la educación superior, mientras que sus hijos e hijas se forman en la Universidad Pública. Para mí, un sinsentido.